Claudio Molina tiene algo para decir sobre el renovado debate para una Ley de Biocombustibles: Entre falacias y operaciones, “la Argentina perdió más de una década de desarrollo con las malas políticas que aplicó”
En el Senado de la Nación, puerta de entrada de un nuevo proyecto de ley del oficialismo en materia de Biocombustibles, se comenzará a debatir en comisión ese texto, que es anhelado por todo el sec...
En el Senado de la Nación, puerta de entrada de un nuevo proyecto de ley del oficialismo en materia de Biocombustibles, se comenzará a debatir en comisión ese texto, que es anhelado por todo el sector. En este contexto, el contador público Claudio Molina, uno de los principales referentes en esta materia que tiene el país, envió este largo texto con sus apreciaciones a Bichos de Campo, para que lo compartamos con nuestros lectores. El analista de Bioenergías y ferrocarriles enumera en este posicionamiento la existencia de varios lobbies anti desarrollo de los biocombustibles que interrumpieron el sendero de adopción de los mismos e incluso nos hicieron retroceder. Y pide encarecidamente a los legisladores que, ante este necesario renacer del debate, actúen en función de intereses superadores. Este es el texto de Claudio Molina:
Existen algunos actores estructuralmente opuestos a los biocombustibles, que procuran extender la vida útil de los activos asociados a la refinación de petróleo y a la venta de productos que dañan al ambiente y ponen en peligro la salud de las personas, o que funcionan con la combustión de éstos.
Por ejemplo y para el caso del gasoil, la exposición de los seres humanos a los gases de escape de este combustible fósil aumenta exponencialmente el riesgo de contraer cáncer de vejiga y de pulmón, según lo exteriorizó un informe de la Organización Mundial de la Salud en 2012, y otro estudio independiente llevado a cabo por universidades en Brasil. Aunque a diferencia del caso de consumo de cigarrillos, sus productores no están obligados a alertar a los consumidores y a la población en general, sobre esas externalidades negativas.
O sea, estamos refiriéndonos a una actividad económica y productos que de manera principalísima, son objeto de la tutela de los artículos 41 y 42 de la Constitución Nacional.
Llamativamente -o no tanto si lo analizamos en el marco de los conflictos de intereses existentes y las operaciones de los poderosos-, los sucesivos gobiernos nacionales que gestionaron el área energética desde mediados de 2012 fueron funcionales a los intereses de algunos de los refinadores de petróleo y algunas automotrices, ambos opuestos a los biocombustibles -las últimas, es probable que en nuestro país exterioricen una posición defensiva, para cuidar las fuentes de trabajo de su cuerpo gerencial-, consolidando con sus políticas pro-hidrocarburíferas -desarrolladas con un regulador capturado por quienes deben ser objeto de esas regulaciones-, una reducción del consumo de biodiesel y un amesetamiento del uso de bioetanol a lo largo de muchos años en el país, a pesar de los daños que genera a la salud y al ambiente el consumo de combustibles fósiles, según lo antes comentado.
Vale recordar que durante el gobierno de Alberto Fernández, la mezcla de gasoil con biodiesel se redujo por debajo del 5% de contenido de este último, mientras YPF SA estuvo tres años mezclando gasoil con biodiesel en promedio al 3,3% aproximadamente, apartándose de la obligación legal respectiva y sin ser sancionada por la Secretaría de Energía de la Nación, incluso, sin ser destacado este desvío y la contingencia respectiva, en las notas del auditor externo de sus estados contables. Es justo mencionar que la actual gestión del área energética logró que esa mezcla se ubique en torno al 6%, si bien en un nivel mucho menor a la obligación de mezcla del 7,5%, pero bastante mayor a la registrada en promedio durante la gestión anterior.
Paradójicamente, a principios de la década de 1960, los mismos intereses a los que en la actualidad enfrentan a los biocombustibles procuraron una racionalización ferroviaria que al concretarse, se tornó paradójicamente irracional y fue el inicio de una larga decadencia de esa noble actividad, hasta llegar a la grave situación que hoy atraviesa la misma. Cierto es que el uso del ferrocarril disminuye significativamente el consumo de combustibles y reduce la comercialización de automotores, al tiempo que genera otras externalidades positivas para la economía, el ambiente y la salud pública, hecho que explica la resistencia de sus adversarios, para quienes, la realidad se torna incómoda.
Hay que tener en cuenta y de manera principal en este nuevo debate legislativo que en el plano nacional está comenzando sobre la temática que nos trata, algunas cuestiones que deben ser analizadas pensando en el desarrollo de una política de estado para los biocombustibles, retomando un camino que jamás debió ser abandonado, o sea, dejando de lado los resultados que se podrían obtener legislando para las próximas elecciones.
En este sentido, evitemos que muchos errores históricos -como los que llevaron a la inoportuna destrucción del plan alconafta de los ochenta-, se reiteren, asumamos que una gran discusión sobre esta temática, está comenzando ahora.
A pesar de declaraciones en sentido opuesto promovidas en grandes medios de prensa por los poderosos adversarios de los biocombustibles que existen en Argentina, mientras se realizaba en el Congreso de la Nación el debate legislativo del proyecto de ley que luego se convirtió en ley 27.640 durante 2021, ya no está en juego si los biocombustibles se seguirán usando o no, sino quien los produce, cual será su participación de mercado y cuanta concentración resistirá el mercado interno de los mismos.
A diferencia de las opiniones que los citados operadores trasladaban a la opinión pública de entonces, quedó claro que el mundo no abandona el uso de biocombustibles, sino todo lo contrario, su uso ya no para de crecer.
Es más, el paso del tiempo debilitó el falso dilema “alimentos versus energía”, fogoneado por los adversarios de los biocombustibles -inclusive por el ultra-ambientalismo-, por el que se responsabilizó a éstos de manera ridícula, de la existencia de hambre en el mundo, aun cuando la participación de los productores agropecuarios en el precio final de los alimentos en las góndolas, en promedio, fue y es bajísima, tanto en el mundo como en Argentina.
No ha sido menos dañina la confusión generada por las erróneas mediciones de la huella de carbono vinculada a los biocombustibles, con el objetivo de castigarlos, en particular, por la aparición de teorías como las del “ILUC” -cambio indirecto en el uso del suelo-. que en la práctica, generan barreras para-arancelarias destinadas a aumentar el proteccionismo, a favor de la Unión Europea, entre otras zonas de alta demanda relativa de biocombustibles.
Debemos procurar la búsqueda de la verdad en todos los ámbitos de la discusión legislativa, tanto para el caso que nos trata como para todos los casos, sea que se afecten los intereses de los refinadores de petróleo y de las automotrices, como los de los elaboradores de biocombustibles,
Este Congreso Nacional debe conocer con precisión quienes son los actores de la producción y en el caso de los biocombustibles, entre otras cuestiones, donde realmente hay una pyme que presenta asimetrías que la debilitan por cuestiones de escala, de tecnología o de lugar de radicación, pero aun así genera empleo sostenible y estratégico para su zona de influencia, y donde realmente hay un grupo económico que opera bajo la protección que le brinda presentarse como una pyme, en la búsqueda de obtener prebendas que maximicen sus beneficios, al tiempo que afectan negativamente a la sociedad en su conjunto.
El conocimiento de la verdad, sin dudas, ayudará a legislar mejor. Los señores legisladores de la Nación deben saber que son muy pocas las pymes verdaderas que operan actualmente en el país, habilitadas por la Secretaría de Energía de la Nación como elaboradoras de biocombustibles; Y que también operan en nuestro país, muchas fábricas marginales, que no cuentan con la habilitación de ese organismo, y que ponen en riesgo la seguridad de las personas y la calidad de los productos respectivos.
Varias automotrices y varios refinadores de petróleo, desde muchos años atrás, atacan a los biocombustibles confundiendo a los consumidores, haciendo referencia a problemas técnicos de impacto no significativo en los motores, o que bien que no existen, siendo esto es una verdadera “operación”.
Durante casi dos décadas, gran parte de las automotrices han solicitado tiempo, promoviendo que la legislación específica sobre biocombustibles no intensifique el uso de éstos, privilegiando el uso de combustibles fósiles -incluso soslayando el daño que éstos causan a los motores por los problemas de calidad y logísticos que se registran-, operando en conjunto con algunos refinadores de petróleo, al igual que en una simple comparación metafórica podrían hacerlo, salvando las distancias, los fabricantes de calzado y los de cordones.
Los argumentos de las automotrices que piden tiempo, no suelen presentar fundamentos sólidos para sostener su posición defensiva, menos aún, la referida a los costos que eventualmente deberían enfrentar para recalibrar los motores de los vehículos en caso que fuera necesario, ante el mayor uso de biocombustibles.
Es triste, pero aquellas operaciones han sido efectivas en el tiempo y de esta manera, Argentina perdió más de una década de desarrollo con las malas políticas de biocombustibles que aplicó, mientras el mundo mostró el rumbo correcto en la materia, que hoy es objeto de una sana envidia por parte de los agentes económicos que privilegian los intereses del país.
Gracias a Dios, el paso del tiempo hizo que esos argumentos se vayan cayendo, al punto que muy muy pronto algunos fabricantes locales de automotores y de maquinaria agrícola anunciarán en el país, cambios importantes en su línea de pensamiento y acción para con los biocombustibles, que generarán reacomodamientos y mejorarán el posicionamiento de dichos combustibles biológicos en Argentina, en línea con lo que está ocurriendo en el Mercosur.
Es inconstitucional la disposición de la ley 27640 por la que se prohíbe la participación en el abastecimiento de la mezcla obligatoria de gasoil y nafta con biodiesel y bioetanol respectivamente en el mercado local, por parte de los grandes traders de la molienda de oleaginosas y leguminosas del país, más aún cuando se importan grandes cantidades de gasoil, al tiempo que la industria local de biodiesel tiene una altísima capacidad productiva ociosa, presentando varias fábricas cerradas -principalmente, las más grandes y con mayor potencial de operar con alta eficiencia-.
En el corazón agroindustrial del país, una de las plantas de biodiésel más grandes del mundo está cerrada.
El motivo: una ley local que impide comercializar biodiésel argentino de alta calidad a precio competitivo.
Argentina necesita importar un gasoil que pueden brindar… pic.twitter.com/BZOCrqsK4S
— Cámara de la Industria Aceitera Argentina (CIARA) (@CamaraAceites) May 17, 2026
Por ello, de manera urgente se hace necesaria la sanción de una ley que reforme la 27640 y rectifique esa irracional restricción. También es inconstitucional que se impida el acceso al negocio, a los agentes económicos asociados a la producción de hidrocarburos.
Pero no se puede soslayar el hecho que hay que evitar que una nueva legislación sobre biocombustibles en Argentina, sea aprovechada para facilitar que se produzca en el país, una fuerte concentración de mercado del lado de la oferta. Es insostenible e irracional a la vez, que en biocombustibles se pueda generar una falla como la existente en el mercado local de combustibles líquidos, donde cuatro empresas justifican más del 94% de la oferta. hecho que merece desde larga data, la intervención de la Autoridad Nacional de la Competencia, la que mira hacia el costado en la materia, para no afectar negativamente grandes intereses económicos que se vinculan a esta cuestión.
Con sus propuestas, algunos actores públicos y privados, llevarán en el caso del biodiesel, a una probable reducción de las más de treinta empresas radicadas en el país que actualmente operan, a no mucho más de una docena de ellas.
En un momento particular de la Argentina, donde el desempleo está en franco crecimiento, no nos podemos dar el lujo de dejar más argentinos en la calle. Hasta ahora, la tan promovida “destrucción creativa” promovido por los principales desreguladores de las políticas públicas nacionales, no se ha concretado como la respectiva teoría indica, ya que no ha habido en el país, innovación tecnológica suficiente, ni un nivel razonable de inversiones asociada a la misma, para reemplazar los puestos que se pierden.
Resulta oportuno que la competencia futura en esta actividad, se base en la transparencia, procurando el acceso simétrico a la información por parte de todos los agentes económicos. Debe incluirse en el alcance de las medidas que se tomen al respecto en un futuro, no solo a los biocombustibles sino a las materias primas e insumos utilizados en su producción, siendo aconsejable el uso de plataformas creadas por bolsas y/o por mercados electrónicos, que aseguren ese objetivo con carácter universal.
No se puede soslayar el hecho que las materias primas agrícolas o agroindustriales que integran la estructura de costos de los biocombustibles, representan más de la mitad de los mismos, llegando en su caso al 85% aproximadamente y se negocian en condiciones de libre mercado. En consecuencia, los grados de libertad que tienen los elaboradores de biocombustibles, particularmente de biodiesel, para reducir significativamente los precios de comercialización que hoy operan para la compraventa destinada a cubrir las mezclas obligatorias dentro del mercado interno, son muy bajos. Y muchas veces, los mayores precios operados responden a fallas que ocurren aguas arriba de la cadena de producción y comercial respectiva.
En ese sentido, es importante destacar que desde hace mucho tiempo, existe en Argentina una gravísima falla en el abastecimiento de metanol, que obliga a la mayoría de los productores locales de biodiesel a pagar por ese insumo, precios ridículamente altos, sin que intervenga la Autoridad Nacional de la Competencia, para solucionar este importante problema. Recordemos que YPF SA representa más del 90% de la oferta local de ese insumo.
Introducir competencia al mercado local de biocombustibles es sano. Pero una competencia racional implica segmentar la oferta de biocombustibles en función de patrones comunes que presenten los oferentes de esos productos, evitando juntar a los más diversos agentes económicos que presentan asimetrías pronunciadas.
Como en el automovilismo, la competencia debe segregarse en categorías; No resulta lógica entonces la competencia entre proveedores y clientes, como la que se podría dar en el mercado interno de biodiesel.
Este tema es más relevante toda vez que no sigan existiendo en el país condiciones económicas y/o logísticas para elegir proveedores alternativos que aseguren toda la cantidad de aceite vegetal demandado; Inclusive, resulta económicamente inviable importar esa materia prima.
Aunque poco se hable del tema, los derechos de exportación, si bien representan un castigo a las exportaciones y a la producción local en general -particularmente, a los productores agropecuarios de cereales y oleaginosas-, constituyen una enorme protección al mercado interno, que altera los precios relativos. cuanto más altas son, más perjuicio generan. Es una contradicción en la que incurren aquellos que tienen un pensamiento muy liberal, porque al no eliminar las retenciones, mantienen varios mercados locales protegidos.
Es falso que más uso de biocombustibles en el país, atente contra los ingresos por regalías que obtienen habitualmente las provincias hidrocarburíferas, ya que mientras ese uso sustituya importaciones, no existe tal impacto, y si sustituyera producción nacional, se liberaría petróleo crudo para la exportación, que tributa dichas regalías, al igual que sus productos derivados. Agentes económicos asociados a la producción de hidrocarburos -con mucho poder-, han instalado esa especie de muletilla, que lleva a un irracional enfrentamiento entre las provincias hidrocarburíferas y las provincias bioenergéticas.
Estas últimas y en particular las del NOA -alguna de las cuales también es productora de hidrocarburos-, requieren una profundización en el uso local de biocombustibles, por el impacto positivo que ello genera a sus economías, recordando que por mucho tiempo, las provincias bioenergéticas han soportado que sus productos, sean gravados por altísimos derechos de exportación -más aún si los comparamos con los que gravaron a la cadena de valor del petróleo- o bien, vienen soportando significativos sobrecostos por la inadecuada infraestructura logística, hechos todos que afectan muy negativamente a sus economías.
Encima los incentivos más significativos otorgados por leyes de la Nación -como el RIGI-, en general deja afuera a las actividades bioenergéticas, y cuando podrían alcanzarlas -como en el caso del RIMI-, se limitan a niveles de inversión incompatibles con la de la mayoría de los emprendimientos productivos asociados.
Los biocombustibles deben continuar desgravados de los impuestos específicos que gravan a los combustibles minerales o fósiles, como ocurre con el noble gas vehicular -aunque éste fluido genere más gases efecto invernadero que los biocombustibles-.
El costo fiscal de la política de biocombustibles es insignificante frente al costo fiscal que vienen asumiendo sucesivos gobiernos nacionales, al establecer fuera de las atribuciones otorgadas por la ley 23.966 T.O., recurrentes postergaciones en el ajuste trimestral por IPC-INDEC de las alícuotas que gravan a los combustibles minerales, establecidas por ley 27.430.
Ese ilegal beneficio concretado por el abuso derivado de la emisión de decretos del Poder Ejecutivo Nacional fuera de las facultades legales que posee, generó hasta el momento al Fisco Nacional, una pérdida de más de 12000 millones de dólares, sin que los consumidores noten beneficios importantes al momento de pagar los combustibles en surtidores, los que no paran de subir en términos reales.
Es entendible que la política partidaria no alce su voz en cuanto a esa irregularidad, ya que la rectificación de semejante desvío, generará inmediatamente un aumento de precios de combustibles líquidos en surtidores argentinos. en otras palabras, el fin justifica los medios para todos los partidos políticos.
Además, siempre está oculto en Argentina por acción de los poderosos lobbys vinculados a los hidrocarburos, el análisis del costo que le genera al Fisco Nacional, los daños al ambiente y a la salud pública generado por el uso masivo de productos derivados de hidrocarburos.
Para la economía hidrocarburífera, es bueno que el Estado Nacional y/o los Estados Provinciales otorguen regímenes promocionales -en particular, como el que se pretende lograr ahora en el plano nacional para las explotaciones convencionales de petróleo, o los RIGI en sus distintas modalidades, o los regímenes de incentivos provinciales-, pero en cambio no lo es cuando esas promociones alcanzaran a los biocombustibles. Así, la ley 27640, no continuo con la promoción de los biocombustibles, a pesar de ser la de biocombustibles, una industria que opera activamente hace menos de dos décadas en Argentina, mientras la de hidrocarburos es una industria madura dentro de nuestro territorio.
El gobierno nacional procura establecer topes de precios a los biocombustibles que se operen en el país a partir de la sanción de la reforma a la Ley 27.640, en base a la paridad de importación de los mismos, como si el comercio exterior no soportara un proteccionismo creciente que produce constantes fallas de mercado. Es probable que esa posición surja de la información que recibe, imperfecta por cierto, en el sentido que los biocombustibles integrantes de las mezclas obligatorias, impactan significativamente produciendo un aumento de precios en surtidores y por ende, empujando la inflación hacia arriba.
Paradójicamente, el propio Gobierno Nacional está de acuerdo en que el precio local de los combustibles en surtidores, tienda a su paridad de importación, permitiendo a los distintos eslabones de la cadena de valor del petróleo, capturar excedentes económicos significativos, que en el downstream se expresan por los altísimos márgenes de refinación de petróleo que deben pagar al abonar el precio de los combustibles en surtidor, los consumidores argentinos. Este problema no sale habitualmente a la luz en los grandes medios de prensa y es un elemento importante que influye en el aumento de la inflación, a diferencia del mucho menor efecto que eventualmente puede generar un mayor uso de biocombustibles.
No nos engañemos, los altos precios de los combustibles en surtidores argentinos no son responsabilidad de los biocombustibles, más allá que las operaciones habituales que se realizan en los medios de prensa, por lo que se llevan mensajes equivocados al respecto. y como si esto fuera poco, los que “fogonean” esos mensajes, son los que como se expresó antes, operaron para que se produjera en el país, una enorme decadencia en el sistema ferroviario, que en la práctica, en la medida que se invierta adecuadamente a largo plazo, es el más eficiente modo de transporte terrestre, el único que realmente puede generar una reducción significativa en los costos del transporte, contribuyendo a la sostenibilidad ambiental y de la salud pública, entre otras externalidades positivas -como la menor siniestralidad, que lleva consigo miles de muertes todos los años-. A ellos poco le importan que más del 90% del transporte de todas las mercancías del país, incluyendo todos los modos -entre ellos a los ductos- se realice por camión.
Respecto de las importaciones de biocombustibles, debemos establecer una norma inteligente, que no produzca una liberación total de las mismas, en atención a las fallas existentes en el comercio exterior, antes citada. mientras en los mercados más importantes del mundo, crece el proteccionismo, restringiéndose así el acceso de nuestros productos más destacados, entre ellos, los biocombustibles. Las importaciones deben actuar para regular los precios internos del mercado, cuando los mismos se disparan sin razones que lo justifiquen, o para cubrir déficits de oferta, no para destruir industrias.
Dado el reciente acuerdo comercial Mercosur – Unión Europea, y también, el acuerdo comercial EE.UU. – Argentina, debemos establecer normas que sin violar los mismos, no generen una destrucción masiva de nuestra cadena de valor de biocombustibles.
Es realmente importante que las disposiciones establecidas en una nueva ley nacional de biocombustibles, como en cualquier otra actual y/o futura, se cumplan. Lamentablemente, a lo largo del tiempo se han producido graves violaciones a la normativa de biocombustibles por parte de la Autoridad de Aplicación -como la no publicación en base a las fórmulas polinómicas de costos vigentes y en tiempo y forma, de los precios vinculantes de la compraventa de biocombustibles destinados a la mezcla obligatoria entre combustibles fósiles y biocombustibles en el país-, que deterioraron la economía de esta actividad, como si existiera una mano negra que capturara en muchas ocasiones al regulador -Autoridad de Aplicación- y obligara a éste a pedirle permiso para gestionar en favor de los intereses del país.
Por todo lo expuesto, es aconsejable que nuestro Congreso de la Nación sancione urgente una nueva ley de biocombustibles, que se convierta en una verdadera política de estado, alejada de los históricos lobbys mencionados antes, que establezca mezclas obligatorias con gasoil y nafta del 15% como mínimo para biodiesel y bioetanol respectivamente, como así también, favorezca la intensificación futura del uso de éstos, sean mezclados o puros, procurando el crecimiento local del parque automotor con motores flex fuel, como así también, la introducción de otros biocombustibles -recordando que las materias primas para la producción de éstos, deben ser biológicas, y así evitar que como troyanos, se introduzcan en la definición de biocombustibles, para favorecer a los intereses más concentrados, productos fósiles o que aun siendo renovables, no son biológicos, caso de los combustibles sintéticos-, contemplando todos los aspectos sensibles tratados antes en esta exposición.
No es menos peligroso, incorporar en una ley de biocombustibles, gasoil coprocesado, computable para el cumplimiento de las mezclas obligatorias, por las limitantes que tiene la Autoridad de Aplicación para controlar que las materias primas utilizadas en dicho proceso, sean biológicas, como así también, por la volatilidad adicional que dicha incorporación generaría al momento de determinar la demanda periódica de biocombustibles destinado a abastecer las mezclas obligatorias.
Considero por demás importante que el Congreso de la Nación profundice sobre todos y cada uno de los temas sensibles antes expuestos, procurando conocer la verdad en profundidad, de manera de evitar las confusiones que generan a menudo, los adversarios de los biocombustibles y/o aquéllos que no exteriorizan la verdad, con sus declaraciones en todos los ámbitos.
Por último, resulta muy aconsejable que eventualmente el Poder Ejecutivo ejerza su facultad constitucional de veto, de manera responsable y no para favorecer al capitalismo de amigos, que habitualmente siempre es “oficialista”.
Cont. Púb. Claudio A. Molina
