Bajo la lupa: Caputo deberá explicar a la Justicia qué pasó con los fondos destinados a las rutas nacionales de Entre Ríos
El reclamo por los fondos destinados al mantenimiento de las rutas nacionales acaba de sumar un nuevo frente. Desde Entre Ríos, la Justicia Federal exige al ministerio de Economía y a Vialidad Na...
El reclamo por los fondos destinados al mantenimiento de las rutas nacionales acaba de sumar un nuevo frente. Desde Entre Ríos, la Justicia Federal exige al ministerio de Economía y a Vialidad Nacional a informar qué destino tuvieron los recursos recaudados del impuesto a los combustibles, que deberían estar volcados en las trazas que atraviesan esa provincia.
Se trata de un pedido impulsado por los legisladores Adán Bahl, Guillermo Michel y Marianela Marclay, del peronismo entrerriano, que acaba de ser tramitado por el juez federal de Victoria, Federico Martín. Apuntado por retener más de 1 billón de pesos destinados a las rutas nacionales, Luis “Toto” Caputo tendrá que dar explicaciones también en el Litoral.
Una investigación difundida meses atrás arrojó que, entre 2024 y mayo del 2026, el gobierno nacional apenas ejecutó 394.406 millones de pesos sobre un total de 1,5 billones destinados a obras viales.
La cifra parte del Sistema Vial Integrado (Sisvial), un fondo específico financiado por el impuesto a los combustibles que debería estar destinado única y exclusivamente al trabajo sobre las rutas nacionales. Así lo dispone la ley, que considera una falta la metodología elegida por el ministerio de Economía: subejecutar esos fondos para sostener el equilibrio fiscal.
De acuerdo con los registros públicos, la cartera que dirige Caputo tenía, para mayo de este año, un billón de pesos retenidos en inversiones financieras: un 78% de lo que debería volcarse a las rutas, invertido en títulos públicos y plazos fijos. Es un mecanismo ya conocido dentro del gobierno nacional, apuntado por hacer lo mismo en el caso del Fondo Hídrico.
Los señalamientos por el mal estado de las rutas en el interior productivo, cada vez más frecuentes, no motivaron cambios en la administración de los fondos, sino todo lo contrario. En los últimos meses, varias provincias negociaron con Nación el traspaso del control de algunas trazas para hacerse cargo del mantenimiento, a la par que avanzó el plan de privatización en unos 9000 kilómetros.
En Entre Ríos, sin embargo, hacen eco de otras denuncias ya presentadas al gobierno nacional por la subejecución de los recursos recaudados por ley, como las de Victoria Tolosa Paz y el gobernador riojano, Ricardo Quintela. Por iniciativa de los legisladores peronistas, se elevó una medida cautelar para reactivar las obras y el mantenimiento de las rutas 12, 14, 18, 127, 135 y 174, entre otras.
La Justicia Federal admitió el amparo que presentamos junto a @adanhbahl y @MarianMarclay contra la retención que el Gobierno Nacional hace del Impuesto a los Combustibles, que está destinado al arreglo de las rutas.
El Ministerio de Economía y Vialidad Nacional fueron notificados la semana pasada y desde entonces corren tres días para que presenten su informe en el expediente.
Los fondos del Sistema Vial Integrado (SISVIAL), que se financian con el Impuesto a los Combustibles, tienen afectación específica por ley y solo pueden destinarse a la infraestructura vial. Retenerlos en instrumentos financieros para mejorar el resultado fiscal desvirtúa ese destino legal.
Es necesario que el gobierno nacional reactive las obras y el mantenimiento de la red vial nacional en la provincia (las Rutas 12, 14, 18, 127, 135 y 174, entre otras) y que los recursos se apliquen al fin que fija la ley.
— Guillermo Michel (@MichelGuilleOK) November 2, 2026
Sin embargo, antes de resolver sobre la cautelar, el juez federal Federico Martín abrió un plazo de tres días hábiles para que el gobierno de explicaciones por la demora en ejecutar los fondos. La obligación alcanza al ministerio de Economía, a cargo de Luis “Toto” Caputo, y a la Dirección Nacional de Vialidad, que tiene al frente a Marcelo Jorge Campoy.
“Con la presentación del informe, podrán expedirse acerca de las condiciones de admisibilidad y procedencia de la medida solicitada y acompañarán las constancias documentales que consideren pertinentes”, señala el fallo del juez, que les da una oportunidad a los organismos nacionales de presentar su posición antes de decidir si concede la cautelar.
