“Una falta de respeto”: El gobernador de Salta Gustavo Sáenz cruzó al Gobierno nacional por la derogación de la protección sanitaria bananera
El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, salió a cruzar con dureza a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación por la derogación de las normas que durante más de treinta añ...
El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, salió a cruzar con dureza a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación por la derogación de las normas que durante más de treinta años protegieron fitosanitariamente a la producción bananera del norte argentino, una medida que el mandatario calificó, en diálogo con Radio Mitre, como “una locura de algún funcionario nacional que desde un escritorio deroga de un plumazo con un decreto algo que viene protegiendo a la producción bananera a nivel fitosanitario”.
Con la firma de Sergio Iraeta, la cartera había eliminado días atrás, a través de la resolución 114/2026, un paquete de ocho normas consideradas “obsoletas” por el Gobierno, entre las que se cuentan las resoluciones 99/1994 y 823/2006, que limitaban el ingreso de bananas provenientes de países con plagas cuarentenarias y extendían esas exigencias fitosanitarias a Formosa, Misiones, Salta y Jujuy.
El gobernador salteño le reclamó al Gobierno nacional que actúe con mayor diálogo federal. “Hay que decirle a los que están en Buenos Aires que de una vez consulten”, disparó, y agregó que “esto fue una falta de respeto y un desconocimiento total de lo que es la Argentina y las necesidades que tiene”.
El reclamo llega después de que, días atrás, los propios productores bananeros de Salta y Jujuy, nucleados en la Asociación de Productores de Frutas y Hortalizas de esa región, ya habían advertido sobre las consecuencias de la medida. Su presidente, José Luis Checa, había resumido su reacción con una frase contundente: “Nos agarramos la cabeza”.
Consultado por Bichos de Campo, el productor fue más allá y apuntó directamente contra la liviandad con la que la Secretaría tomó la decisión: “No gastan tiempo ni energía en saber qué están haciendo. Nosotros tememos por el ingreso de enfermedades como el Fusarium R4T, conocido también como el mal de Panamá, que es devastador y es una preocupación mundial. Ecuador y Perú la tienen, y no estamos tan lejos de ellos”.
La preocupación no es exclusiva del NOA. Desde Formosa, el productor Pánfilo Ayala, de la filial Laguna Naineck de la Federación Agraria, había expresado a este medio un malestar similar frente a la apertura de mercado que impulsa el Gobierno: “Me sorprende y me duele muchísimo saber que se ha liberado el ingreso de fruta desde el exterior, poniendo en riesgo el estatus sanitario nuestro. No puedo entender lo que se está haciendo”.
Ayala remarcó, además, que la producción argentina está libre de plagas como la Sigatoka Negra, que en otros países obliga a fumigar hasta cincuenta veces por año.
El propio Iraeta había pasado por la Expo Rural de Palermo apenas horas después de conocerse la derogación, y desde el stand de Salta se mostró dispuesto a “solucionar todo lo que se pueda solucionar” y “agilizar trámites” para las economías regionales, sin hacer mención alguna al conflicto que la baja de las resoluciones bananeras ya generaba entre los productores de la misma provincia que estaba homenajeando en su discurso.
Sáenz aprovechó la misma entrevista radial para abrir otro frente de discusión con la Casa Rosada: el proyecto de ley que impulsa el Gobierno para flexibilizar la propiedad de la tierra rural. “Conversando con los distintos gobernadores y legisladores, vamos a seguir defendiendo la tierra como una potestad y competencia de cada una de las provincias”, sostuvo, y fue por más al recordar el reparto constitucional de los recursos naturales: “Como establece la Constitución Nacional, los minerales y todo lo que está debajo de la tierra le pertenece a las provincias”.
La postura del gobernador salteño se suma así a la que vienen sosteniendo otros mandatarios provinciales, que reclaman mayor participación en las decisiones que impulsa la gestión libertaria sobre el uso y la explotación de recursos y tierras del interior del país.
