¡Qué curioso caso que es Brasil, donde los representantes del agronegocio se muestra dispuestos a discutir una reforma agraria, pero efectiva y sin sesgos ideológicos!
La normalidad de los países anormales como la Argentina es que los problemas se ocultan y los políticos dedican su tiempo a tratar de maquillar su propia ineficacia para resolverlos y su cobardí...
La normalidad de los países anormales como la Argentina es que los problemas se ocultan y los políticos dedican su tiempo a tratar de maquillar su propia ineficacia para resolverlos y su cobardía para enfrentarlos.
Desde esa normalidad, en Argentina nos resultan curiosas algunas cosas que en los países normales, que son los que enfrentar sus problemas con políticas públicas, son normales. Nos sucedió -la curiosidad- con la noticia de que el agronegocio de Brasil, país pujante si los hay- se están mostrando a discutir una “reforma agraria”, pero le reclaman a las autoridades que ese proceso sea encarado sin “sesgos ideológicos” para que realmente tenga éxito y solucione el problema de las familias que sufren porque no tienen un pedazo de tierra ni condiciones para vivir de ellas.
No debería ser un tema que provoque curiosidad: Brasil tiene un problema con un vasto sector de su población que vive en condiciones indignas y trata de solucionarlo con una discusión civilizada y conducente.
¿Cuál es el problema? Según datos del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra) del vecino país, el número de familias reconocidas oficialmente en asentamientos de todo el país ha alcanzado 1,1 millones. Son los famosos “Sin Tierra” que se ven forzados a ocupar con violencia tierras de otros para poder asegurarse una supervivencia.
De todos modos, según un informe del Frente Parlamentario Agropecuario (FPA), que agrupa a legisladores de todo Brasil que trabajan en las políticas agropecuarias e interactúan permanentemente con los sectores del agronegocio de ese país, la famosa “bancada ruralista”, “la realidad de estas personas contrasta marcadamente con uno de los objetivos de la reforma agraria: promover la justicia social y la ciudadanía”.
Según el último Censo Agropecuario del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), en el 86% de los municipios con asentamientos, el ingreso mensual promedio de las familias asentadas es inferior a un salario mínimo. Al momento de la encuesta, los ingresos correspondían a solo el 53% del salario mínimo vigente, lo que equivalía a aproximadamente a 453,56 reales, es decir menos de 90 dólares.
La producción de los asentamientos, por otro lado, es muy poco representativa y aporta una pequeña parte de las principales actividades rurales. En el caso de la leche, por ejemplo, de los más de 30 mil millones de litros producidos en Brasil, el 64,2% provino de explotaciones familiares. Los asentamientos representaron solo el 2,8% de ese total.
“Más allá de la realidad de la agricultura de subsistencia, Brasil aún enfrenta dificultades para reubicar a las familias que viven en campamentos. Según Incra, 166.800 familias se encontraban en esta situación en 2025”. Es decir que había peligro de nuevas tomas de tierras, algo que tanto el gobierno como la bancada agropecuaria quieren evitar bajo el postulado de “Inveción cero”.
¿Qué harían los sectores del agronegocio en la Argentina frente a este panorama? Seguramente visitarían a la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ahora senadora, para reclamarle una ley que exacerbe las penas ante la posibilidad de nuevas tomas.
¿Qué hacen los sectores del agronegocio brasileño frente a la misma amenaza?
“El Frente Parlamentario Agrario sostiene que la Reforma Agraria debe llevarse a cabo como una política pública técnica, sin sesgos ideológicos y enfocada en ofrecer condiciones reales para mejorar la vida de quienes habitan estas tierras”, es lo que dice el informe de esa bancada, y que evidentemente busca evitar enfrentamientos y tomas, pero por una vía diferente y tratando de resolver el problema.
El diputado Zé Silva, del partido União de Matto Grosso, como miembro del grupo, destacó: “El gobierno tiene una gran responsabilidad de garantizar que la Reforma Agraria sea una política pública técnica y no ideológica, y que, además de la tierra, incluya asistencia técnica de calidad, infraestructura productiva, infraestructura sanitaria, energía y carreteras de calidad”, afirmó.
En ese sentido, la bancada ruralista manifestó su apoyo a un proyecto de ley que podría agilizar la selección de familias para la Reforma Agraria. El Proyecto de Ley 3.768/2021 modifica el plazo para la regularización de parcelas ocupadas en asentamientos creados por Incra. Además la propuesta exige que el gobierno federal elabore planes financieros para las etapas posteriores a la creación de nuevos asentamientos, con el objetivo de garantizar la viabilidad del programa.
Otro punto del proyecto de ley estipula que los municipios, los estados y el propio gobierno federal deben proporcionar infraestructura básica, como agua potable, carreteras y electricidad, a esos asentamientos. Para ello, también se debe consultar al municipio antes de la construcción de un nuevo asentamiento.
“Proponemos una alianza entre Incra y el municipio para la ejecución del proceso de selección de beneficiarios, ya que creemos que las secretarías municipales que tratan con los solicitantes pueden colaborar para hacer que el proceso de selección sea más justo y eficiente”, enfatizó el autor del proyecto y coordinador político del FPA, el diputado Zé Vitor (del partido liberal de Matto Grosso) .
Actualmente, la propuesta está siendo procesada por la Comisión de Constitución, Justicia y Ciudadanía de la Cámara de Diputados. El paquete de medidas contra la invasión de estancias reúne propuestas en contra de las ocupaciones ilegales. Además de esta propuesta que mejora la regulación de la Reforma Agraria, otros dos proyectos forman parte del paquete antiinvasión de la FPA y restringen las acciones de los movimientos vinculados a ocupaciones ilegales.
Uno de ellos es el Proyecto de Ley 1.373/2023 , presentado por el exdiputado Lázaro Botelho y el diputado Ricardo Ayres (Republicanos-TO) , que intenta desalentar las tomas de tierras estableciendo que los invasores puedan acceder a programas públicos.
Esa legislación estipula que estas personas no pueden participar en el programa oficial de Reforma Agraria y, si ya forman parte de él, serán excluidas y perderán la posesión de cualquier parcela ocupada. Asimismo, durante dos años después de finalizada la ocupación, se les prohibirá acceder a créditos subvencionados, beneficios fiscales, programas de asistencia social y participar en licitaciones o contratos públicos.
En la misma línea, en tono más represivo, el Proyecto de Decreto Legislativo 939/2025 restringe las actividades de grupos vinculados a invasiones de tierras. La propuesta suspende un decreto presidencial de 2025 que creó el Plan Nacional para la Protección de Defensores de Derechos Humanos. Según el grupo parlamentario, dicho acto amplió el apoyo estatal a organizaciones militantes involucradas en la ocupación de propiedad privada y contribuyó a la instrumentalización de la política de tierras.
Este tercer proyecto fue redactado por el presidente del FPA, el diputado Pedro Lupion, y el coordinador institucional del frente, el diputado Alceu Moreira. En su justificación, los autores también señalan que el decreto amenaza a las personas y la seguridad jurídica de los productores rurales.
“En la práctica, esto distorsiona el papel constitucional del Estado, permitiendo que la regularización de tierras, que debería ser una política técnica e impersonal basada en criterios legales, se utilice como mecanismo de supuesta protección para grupos que se autodenominan defensores de los derechos humanos, incluso si están involucrados en invasiones u ocupaciones ilegales”, comentaron. Presentada a finales del año pasado, la propuesta está pendiente de decisión de la Junta Directiva de la Cámara de Diputados.
Según el diputado José Rocha, de Bahía y miembro del grupo parlamentario, los proyectos se orientan a ampliar la seguridad jurídica y a combatir las ocupaciones ilegales. “Todos necesitamos comida en la mesa. Quienes producen estos alimentos son productores rurales, personas que trabajan arduamente, con altos costos, que lograron adquirir sus tierras y que de repente se ven abrumadas por invasiones, invasiones políticas, ideológicas, injustificadas y sin sentido alguno”, enfatizó.
