Los caminos rurales también son judiciales: En la rural de Saladillo el abogado Pablo Pérez Barte explicó a los productores qué y cómo exigir para que se atiendan sus reclamos
En la jornada de ayer lunes, en la Sociedad Rural de Saladillo, Buenos Aires, se desarrolló una asamblea de productores conducida por el titular de la entidad, Ignacio Bustingorri, y en la que el ...
En la jornada de ayer lunes, en la Sociedad Rural de Saladillo, Buenos Aires, se desarrolló una asamblea de productores conducida por el titular de la entidad, Ignacio Bustingorri, y en la que el abogado Pablo Pérez Barte explicó qué se puede hacer para que se oiga el reclamo sobre los caminos rurales de la zona. De la charla participaron cerca de 100 productores de diferentes localidades, preocupados por el destino de los fondos de la tasa vial y el estado de los caminos rurales.
El abogado Pablo Pérez Barte, que lleva adelante los reclamos judiciales en otras regiones de la provincia, fue quien explicó las alternativas que tienen a mano los productores.
“Lo primero que hay que hacer es bien simple, hay que decirles a los intendentes: dame los números”. Con esa premisa arrancó su trabajo que viene dando frutos.
“Estoy explicando el mecanismo que se usó en Henderson, en Azul y en Baradero, para acceder a los números de la municipalidad y ver cuánto se recauda de tasa de caminos rurales y cuánto se gasta efectivamente”, contó. En todos esos distritos, los productores avanzaron con pedidos formales y lograron sentencias que obligan a los municipios a informar.
El punto de partida no es judicial, sino administrativo. “Es un reclamo que arranca en la municipalidad, es un pedido de acceso a la información pública, que es un derecho constitucional”, explicó Pérez Barte. Y lo encuadra en tres pilares básicos: “Derecho a reunión pacífica, derecho a petición de las autoridades y derecho a acceso a la información pública”.
¿Y qué se pide concretamente? “El ingreso: cuánto se recaudó en los últimos tres años de tasa de caminos rurales. Y el gasto: cuánto se invirtió efectivamente en caminos, con todos los comprobantes”, detalló.
La reacción de los municipios, sin embargo, fue dispar. “En Baradero directamente no dijeron nada. Y al cabo de 30 días la ley indica que puedo recurrir a la Justicia”, señaló. En Henderson, la respuesta rozó lo insólito: “Me contestaron por escrito que le pregunte a un concejal, socio de la Sociedad Rural, porque él había votado las ordenanzas”.
En Azul, directamente rechazaron el planteo: “Dijeron que era un abuso del derecho y un ataque a las instituciones democráticas”. Pero en todos los casos el desenlace fue el mismo: “Fuimos a la Justicia y nos dijeron que tienen que informar”.
Ese criterio ya se repite en distintos departamentos judiciales. “San Nicolás dijo que sí, Trenque Lauquen dijo que sí, Azul dijo que sí. Estamos esperando Necochea, pero la idea es que esto se termine”, afirmó el abogado.
Una vez que aparecen los números, el foco cambia. “En Baradero, por ejemplo, se comprobó que solamente el 40% de lo recaudado va efectivamente a caminos rurales, el resto se fuma”, lanzó sin rodeos. Y ahí se abre una nueva etapa.
“El primer camino es la negociación política. El productor no quiere pagar menos tasa, quiere que el 100% vaya a los caminos”, explicó. Pero con una diferencia respecto del pasado: “Ahora la propuesta es hacer un plan serio con números oficiales. Antes se discutía en el aire”.
Para bajar la discusión a tierra, usa una comparación directa: “Nadie va a la panadería, paga un kilo de pan y se conforma con que le den 800 gramos. Si pasa eso, te están robando. Con los impuestos pasa lo mismo”.
Pero el problema, advierte, va mucho más allá de lo productivo. “El camino rural es el vehículo de socialización de la gente. Es el chico que va a la escuela, el peón que visita a su familia, el acceso al hospital”. Y deja un dato que grafica la desigualdad: “Una escuela rural pierde mínimo un mes de clases por año. En siete años de primaria, un chico rural va seis y uno del pueblo siete”.
Si la negociación no prospera, aparecen las herramientas judiciales. “Se puede pedir la repetición de la tasa: si el 40, 50 o 60% no lo gastaste en caminos rurales, me lo tenés que devolver”, explicó. Y aclaró que ya hay antecedentes, tanto en la provincia de Buenos Aires como en Santa Fe.
En los casos más extremos, incluso, puede haber consecuencias penales. “En Villa Saralegui hubo una denuncia por malversación de fondos. El intendente fue destituido y está a las puertas de un juicio oral”, recordó.
Para Pérez Barte, el eje sigue siendo el mismo: información primero, decisiones después. “Lo que pretendemos es una solución republicana y democrática para terminar con esta cuestión”, sostuvo.
Y cerró con una idea que resume el espíritu de estos reclamos: “El productor tiene herramientas. El problema es que muchas veces las desconoce. Por eso estas reuniones: para que sepan que pueden exigir lo que corresponde”.
