Las 48 mil millones de formas de ahogar al Senasa: El organismo no pudo usar parte de sus propios recursos mientras se profundiza su deterioro operativo
En la superficie, el ajuste de la motosierra sobre el Estado suele medirse en cargos vacantes, oficinas cerradas o partidas recortadas. Pero en algunos organismos la dimensión del problema empieza...
En la superficie, el ajuste de la motosierra sobre el Estado suele medirse en cargos vacantes, oficinas cerradas o partidas recortadas. Pero en algunos organismos la dimensión del problema empieza a reflejarse en la capacidad real de control.
Eso es lo que comienza a asomar en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), donde durante 2025 quedaron sin ejecutar casi 49 mil millones de pesos que el propio organismo había recaudado para su funcionamiento. Algo similar a lo que ocurre con el INTA. En ambos casos, el gobierno nacional, ante la imposibilidad de reducirlos por la via legislativa o judicial, recurre a ajustar la soga y dejar que los organismos queden raquíticos por inanición.
En el caso del Senasa, los números del ejercicio presupuestario de 2025 muestran una situación que dentro del sector empieza a generar inquietud. Durante el año pasado el organismo reunió ingresos por 286.915 millones de pesos entre tasas, aranceles y una porción de los derechos vinculados al comercio exterior. Sin embargo, el crédito finalmente ejecutado fue de 238.313 millones. La diferencia, de 48.601 millones de pesos, no fue utilizada por el organismo y terminó absorbida por Rentas Generales del Tesoro.
La particularidad del caso es que el Senasa no depende exclusivamente de una transferencia discrecional del Estado para sostenerse. Su estructura se financia en gran medida con los pagos que realizan productores, frigoríficos, exportadores y distintos eslabones de la cadena agroindustrial cada vez que requieren certificaciones, controles o habilitaciones sanitarias. Esa autarquía financiera fue durante años uno de los pilares que permitió sostener una red técnica compleja, extendida en todo el país y considerada estratégica para el comercio agroalimentario argentino.
Por eso, el dato no pasa inadvertido puertas adentro. Exfuncionarios del organismo advierten que la restricción en la liberación de esos recursos podría comprometer progresivamente la capacidad de respuesta sanitaria de un ente que cumple un papel central en la prevención de enfermedades animales y vegetales, en la fiscalización de alimentos y en la certificación que exigen los mercados internacionales.
El cuadro presupuestario revela además que casi todo lo que efectivamente se ejecutó se destinó al pago de salarios. De los más de 238 mil millones gastados, 159 mil millones correspondieron a personal. Eso dejó un margen mucho más estrecho para sostener compras de insumos, mantenimiento de laboratorios, movilidad territorial, equipamiento y servicios esenciales para la tarea cotidiana. Allí es donde distintos sectores comienzan a señalar que el deterioro ya no es solamente administrativo.
En organismos de perfil sanitario, la pérdida de capacidad operativa rara vez se vuelve visible de inmediato. Primero aparecen demoras, faltantes y dificultades para sostener controles. Después puede resentirse la vigilancia epidemiológica, la detección temprana y la capacidad de respuesta frente a un evento inesperado. En un país cuya inserción exportadora depende en buena medida de la confianza sanitaria internacional, esa posibilidad deja de ser una discusión interna para transformarse en un tema productivo de fondo.
En la práctica, el Senasa un organismo que sigue generando recursos, pero que pierde autonomía real cuando no puede disponer plenamente de ellos. Bajo esa lógica, el ajuste no aparece como un proceso gradual de debilitamiento operativo.
Lo llamativo del proceso es el recorrido del dinero. Aunque una parte importante de los recursos del Senasa proviene de las tasas y aranceles que cobra por sus servicios (DTE, faena, DJVE), el dinero no queda automáticamente disponible para ser utilizado. El organismo debe operar dentro del esquema general del presupuesto nacional y cada mes necesita que el Ministerio de Economía habilite las cuotas de gasto correspondientes para poder ejecutar esas partidas.
Es por ello que el problema no pasa por una falta de recaudación en términos absolutos, sino por la autorización efectiva para transformar esos fondos en funcionamiento. Es decir que el Senasa puede tener recursos asignados en el papel, pero si Economía no libera esas cuotas presupuestarias, el organismo no puede destinarlas a compras, mantenimiento o refuerzo operativo. Bajo ese esquema, la autarquía financiera queda limitada por una decisión centralizada que termina definiendo cuánto de lo que el propio organismo genera vuelve realmente a su estructura técnica.
La preocupación se vuelve más sensible porque el SENASA no es una dependencia administrativa más. Su tarea atraviesa desde la sanidad animal en los campos hasta los controles en puertos, frigoríficos y laboratorios. Cualquier debilitamiento prolongado impacta sobre una estructura técnica que tardó décadas en consolidarse y cuya pérdida no siempre puede revertirse con rapidez.
Mientras el Gobierno exhibe el superávit fiscal como uno de los principales logros de su programa económico, en algunos sectores del agro empieza a instalarse una pregunta incómoda: cuánto de ese equilibrio se sostiene también sobre organismos que recaudan sus propios fondos, pero que aun así ven limitado su funcionamiento en áreas donde una falla puede terminar costando mucho más que cualquier ahorro presupuestario
A continuación, el extracto del ejercicio 2025 del Senasa:
Ejercicio 2025
