En el gobierno nacional esperan que 950 empleados del INTA, el 20% del total, acepten un retiro voluntario que costará 101.700 millones de pesos
El Consejo Directivo del INTA se volverá a reunir en las próximas horas fundamentalmente con el objetivo de aprobar el plan de retiro voluntario que ideó el presidente del organismo, Nicolás Br...
El Consejo Directivo del INTA se volverá a reunir en las próximas horas fundamentalmente con el objetivo de aprobar el plan de retiro voluntario que ideó el presidente del organismo, Nicolás Bronzovich, y que empujan desde la cúspide del gobierno de Javier Milei. Tras los sucesivos fracasos de la motosierra, ahora la idea oficial es destinar nada menos que 101 mil millones de pesos para tentar a que abandone sus puestos el 20% del personal actual del instituto, es decir cerca de 950 personas.
Bichos de Campo ya anticipó días atrás como serán los términos de ese retiro voluntario que se viene anunciando desde diciembre pasado: aceptará que lo tome el personal de planta permanente de hasta 65 años de edad, aunque quienes tengan menos de 60 años recibirán de 1,5 salarios (sin complementos no remunerativos) por cada año de servicio en tanto que los que tengan mayor edad tendrán un límite de 12 y 24 salarios, en tanto se acercan más a su fecha de jubilación.
Ahora, este medio accedió a una nota enviada desde el Ministerio de Desregulación del Estado, donde Laura Dora Casal, directora nacional de Sistemas y Estadísticas de empleo público, dictó su aval al plan para achicar el plantel de personal del instituto agro-tecnológico en un 20%. Actualmente quedan unos 5.800 empleados y la pretensión oficial es que se vayan 950, además de los cerca de 500 que ya lo hicieron desde que comenzó el gobierno de Javier Milei.
“En relación al costo de la medida, mediante informe de la Gerencia Liquidación de Haberes, Asistencia y Mejora a la Administración del organismo, se señala que para un total estimado del 20% de la dotación alcanzada (950 agentes) y aplicando los porcentajes de incrementos otorgados hasta el mes de mayo de 2026 (fecha de vencimiento del plazo para acogerse al retiro) surge un costo de aplicación de la medida de 101.717.324.723,32 pesos”, dice la nota oficial.
Para hacer frente a semejante gasto, la nota de Casal informa que “desde la Gerencia de Presupuesto y Finanzas se informa ue en base a lo estimado tramita el incremento de los créditos de ese Organismo correspondiente al Inciso Gastos de Personal de la Fuente de Financiamiento (Recursos Propios, del Presupuesto de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal 2026), para atender el gasto en cuestión”. Para que eso ocurra debería suceder un decreto del presidente Milei definiendo ese movimiento de partidas.
El del financiamiento es un punto clave para convencer al Consejo Directivo del INTA (que se recreó luego de su intento de disolución el año pasado y cuenta con representantes de las entidades rurales y de las universidades nacionales) de aprobar el plan de retiro elaborado por Bronzovich.
En el plan que ese funcionario envió al Ministerio de Desregulación de Federico Sturzenegger para su aprobación, surgen las ambiciosas metas que se puso el INTA para finalmente hacer por las buenas lo que no pudo hacer por las malas. Esto es, desde el inicio de su gestión Bronzovich nunca disimuló que su objetivo era prescindir de entre 1.400 y 1.500 investigadores, técnicos y personal de apoyo, además de poner en venta campos experimentales en desuso (se habla de más de 40 mil hectáreas) y cerrar muchas áreas dedicadas a la extensión rural,
Con ambas tareas ya comenzó, pues con aval del Consejo Directivo ya cerró el INTA AMBA y transfirió para su venta el predio de 34 hectáreas que ese área ocupaba al lado del INTA Castelar; en tanto que también se aprobó el cierre de varias agencias de extensión en Buenos Aires y Córdoba. En ese menester, los que peor la llevaron el la región atendida desde el INTA Balcarce, al cual le podaron cinco de las siete oficinas que tenía.
Pero la sangre en el ojo de los funcionarios libertarios todavía es el tema del ajuste del personal, ya que el primer retiro voluntario (a fines de 2024) solo cosechó 300 adhesiones, muy lejos de los 1.500 puestos de trabajo que deberían reducirse en el plan de los libertarios. Por eso, esta vez la “gratificación” será bastante generosa, de 1,5 salarios por año trabajado.
“De conformidad con los datos obrantes en esta Dirección Nacional y del análisis efectuado en relación al programa de retiro voluntario en trámite, surge que la adhesión del 20% de la dotación alcanzada ascendería a 950 agentes estimando un costo correspondiente a la gratificación extraordinaria de egreso del orden de los 45.900 millones de pesos”, dice la funcionaria Casal poniéndole monto al estímulo para que más gente se vaya.
Hay un problema no menor, y por el cual los consejeros del INTA ya rechazaron una vez este plan de retiro voluntario que Bronzovich vuelve a poner a consideración: para el cálculo de años se tomarán en este plan solo los años en que los agentes se hayan desempeñado en plan ta permanente, y no se los gratificará por los años transcurridos como becarios o como parta de la “planta transitoria”. Para muchos empleados, esto será motivo de que muchos no acepten dejar sus sillas en el organismo.
La nota del Ministerio de Desregulación es, en ese sentido, decepcionante para quienes reclamaban la inclusión de esos periodo de trabajo más precario dentro del Estado. De hecho, la comunicación dice que se revisaron varios artículos del plan original, entre ellos el 4° referido al cómputo de la antigüedad.
“No será computable, a los efectos de la determinación de la gratificación prevista en el artículo anterior, la antigüedad correspondiente al desempeño como becario, como personal transitorio o como personal contratado en el marco del artículo 9 de la Ley 25.164 y como personal no permanente en los términos del Convenio Colectivo de trabajo sectorial para el personal del INTA”, dice la nueva redacción de ese artículo, que no cede en este punto. Por eso, algunos consejeros sugerían que este punto podía ser saldado destinando presupuesto propio del INTA para reconocer a sus empleados todos los años trabajados.
Curiosa es el sentido político que la nota oficial que será presentada ante el Consejo Directivo asigna a este proceso de ajuste de casi un millar de personas en dicho organismo, y que apunta a reducir costos para ceñirse a los planes de equilibrio fiscal de este gestión,
Parece chiste, pero el expediente afirma: “Sustenta la propuesta impulsada en la necesidad de contar con una herramienta de planificación estratégica de dotaciones orientada a acompañar, de manera ordenada y responsable, el proceso de renovación del capital humano del Instituto, lo que constituye al Sistema de Retiro Voluntario 2026 como un instrumento de gestión que permitirá modernizar la planta de personal, alineando progresivamente los puestos y perfiles a las nuevas misiones, desafíos tecnológicos y lineamientos del plan programático institucional”.
