
El Visec logró lo impensado: En el Norte, quienes cuestionan la intromisión privada ahora claman por la intervención del Estado y piden plataformas públicas para certificar
La lucha abierta en torno al Visec, la plataforma impulsada por los exportadores para acreditar el cumplimiento de las normas antideforestación de la Unión Europea, logró algo inaudito: que los ...
La lucha abierta en torno al Visec, la plataforma impulsada por los exportadores para acreditar el cumplimiento de las normas antideforestación de la Unión Europea, logró algo inaudito: que los propios ruralistas que reniegan de la intromisión del sector privado en sus libertades, ahora exijan al Estado que sea éste el que intervenga.
Desde el gobierno nacional aseguran que 6 certificadoras ya fueron aprobadas para acreditar prácticas agropecuarias: cuatro de ellas pensadas para resolver las exigencias del Reglamento 1115/2023 de la Unión Europea y sólo tres aplicables a la carne.
Pero, detrás de esa ilusión de amplia oferta, termina imponiéndose la iniciativa impulsada por la Cámara Aceitera Argentina (Ciara), el Consorcio ABC, The Nature Conservacy (TNC) y la firma Peterson. No por elección, sino por mercado, donde ya se introducen descuentos a la hacienda que no está inscrita a su plataforma, y se va delineando el camino que debería tomarse a partir del 2027.
La práctica motiva un pedido particular desde el Norte, donde los productores y ruralistas piden que se replique la experiencia iniciada por Santa Fe y que haya directamente plataformas estatales que sorteen las reglas impuestas por el sector privado.
“La lucha debe darse con un criterio federal y entendiendo las distintas situaciones regionales. Están todas las herramientas y los sistemas dados para que el agente de validación sea estatal”, aseguró el diputado nacional por Chaco, Guillermo Agüero, en la reunión que impulsó Barbechando con legisladores.
Es la línea que ahora toma fuerza entre los productores de esa provincia, pero también de Formosa y Santiago del Estero, las zonas más desfavorecidas por la normativa antideforestación europea que debería entrar en vigencia el último día del 2026.
En ese sentido, el NOA y NEA advierte que, en la práctica, el Visec “puede convertirse en la única vía para comercializar hacienda con destino a la Unión Europea”, como ya se observa en los remates de exportación de Cañuelas, donde los precios están signados por la adhesión a ese sistema. Y, por eso, insisten en que es el Estado, y no los privados, el que debería ofrecer el sistema predilecto.
El antecedente más directo es Santa Fe Produce Sustentable, la plataforma inaugurada por el gobierno de Maximiliano Pullaro semanas atrás que, en los hechos, es la única estatal que sirve para acreditar el cumplimiento con la normativa europea.
El propio ministro de Producción, Gustavo Puccini, había comentado a Bichos de Campo que la iniciativa despertó particular interés en muchas otras jurisdicciones, que quieren imitarla.
De hecho, la Confederación de Sociedades Rurales de Chaco y Formosa (Chafor) está trabajando con el gobierno chaqueño para hacer algo propio. Según explicaron, se trata de una ampliación a una plataforma ya existente, utilizada para el sector forestal, que ahora incorporaría bovinos y, de funcionar, podría ofrecerse también a los formoseños. Es un ejemplo de lo que el diputado Agüero le exigió a los funcionarios nacionales.
Asimismo, desde Chafor recordaron expresamente a Cancillería que las negociaciones con la Unión Europea deben darse “de Estado a Estado” y solicitaron que no sólo logre una nueva prórroga para la aplicación del reglamento sino que además logre que Argentina adquiera el estatus de “país de bajo riesgo en materia de deforestación”.
Así lo señalaron en un comunicado difundido, que es crítico del rol que empezó a adquirir el Visec en la venta de hacienda y apunta que todo el esquema de normativa europea golpea de lleno a las producciones del Norte.
“El reglamento constituye una medida paraarancelaria que genera pérdidas económicas para la producción ganadera de Chaco y Formosa. Su aplicación desconoce el marco normativo argentino y afecta nuestra soberanía para definir cómo se ordena el territorio y se produce en él”, afirmaron. Frente a esa “pérdida de soberanía”, en la que también responsabilizan a los exportadores, piden que el Estado nacional intervenga.
Desde el NOA y NEA advierten que los criterios ambientales europeos subvierten normativas nacionales, como la Ley Nacional de Bosques, provinciales y ordenamientos territoriales vigentes. Al respecto, el diputado Agüero afirmó que en los últimos años hubo cambios de uso de suelo “bajo el sistema vigente” y homologaciones del INTA de sistemas silvopastoriles, pero que la nueva normativa los pone en riesgo de todos modos.
“El sector ganadero está totalmente de acuerdo en seguir promoviendo prácticas sostenibles y de cuidado de los recursos naturales, pero vemos con preocupación que pueda haber un avasallamiento de la normativa local por imposiciones internacionales”, expresó.