El proyecto de vandalismo rural ya tiene dictamen en el Senado y está a un paso de convertirse en ley
El proyecto de vandalismo rural, que cuenta con media sanción, ya tiene dictamen en el Senado y está listo para ser tratado en la Cámara alta para su aprobació...
El proyecto de vandalismo rural, que cuenta con media sanción, ya tiene dictamen en el Senado y está listo para ser tratado en la Cámara alta para su aprobación definitiva.
La comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, presidida por Gonzalo Guzmán Coraita (La Libertad Avanza), analizó esta tarde la iniciativa para aprobarla por mayoría.
Guzmán Coraita destacó que se trata de un proyecto “largamente esperado por el sector agropecuario y todas las provincias”, aunque durante el intercambio el senador Jorge Capitanich (Justicialista) planteó la necesidad de revisar el artículo referido al ingreso ilegal a los establecimientos rurales a fin de contemplar las facultades de los organismos de inspección laboral.
En ese sentido, advirtió que “la inspección de trabajo rural necesita ingresar sin aviso. Una inspección anunciada pierde toda eficacia. Es precisamente en los establecimientos alejados y cerrados donde se detecta el trabajo no registrado, el trabajo infantil y las situaciones de explotación y trata”.
La iniciativa crea la figura de “intrusión rural” con penas de un mes a un año de prisión para quien ingrese sin autorización a predios delimitados por alambrados, tranqueras o carteles de exclusión. Durante el tratamiento del proyecto en el recinto, se planteó la posibilidad de incluir una excepción para los agentes laborales.
Se trata de una figura clave porque permitirá que las fuerzas de seguridad actúen de manera proactiva ante el merodeo nocturno de delincuentes, sin necesidad de esperar a que el delito ya se haya consumado.
La iniciativa, además, crea la figura de daño agravado, con penas de dos a ocho años de prisión y multas de entre tres y doce veces el valor del daño causado, incorporando expresamente sistemas de riego, paneles solares, silos y alambrados como bienes protegidos. La pena mínima se duplica cuando el autor es un funcionario público o una persona vinculada habitualmente a la actividad agropecuaria.
El proyecto también actualiza el delito de instigación pública, elevando la pena a entre dos y seis años de prisión para quien incite a cometer estos delitos, con una triplicación de la pena cuando la incitación se difunde por redes sociales o medios de comunicación masivos.
Se descuenta que el proyecto, que cuenta con el aval de todas las entidades agropecuarias, sea aprobado en el Senado antes de fin de año para que se transforme en ley.
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