El gremio del INTA presentó un “recurso administrativo” para que se revea la intervención del organismo, como primer paso para recurrir a la justicia

Mario Romero, el secretario general del sindicato APINTA, se presenta orgullosamente también en los documentos oficiales como “ex combatiente de Malvinas”. Hoy, quizás con el carácter que le...

Mario Romero, el secretario general del sindicato APINTA, se presenta orgullosamente también en los documentos oficiales como “ex combatiente de Malvinas”. Hoy, quizás con el carácter que le forjó aquella gesta, inició una nueva y difícil batalla, aunque esta vez en el terreno de los abogados y recursos administrativos y judiciales.

Mediante un recurso que dejó este mediodía en la Mesa de Entrada del INTA, el gremialista que representa a gran parte del personal de ese organismo reclamó al presidente del mismo, Nicolás Bronzovich, que deje sin efecto las dos últimas resoluciones tomadas por el Consejo Directivo de la entidad, y que así se deshaga el camino que condujo en los últimos dos meses a una “intervención” del INTA “con el fin de usurpar potestades ajenas y facilitar el avance en el desguace de la institución”.

Obviamente, Romero no cree tener demasiado éxito en este reclamo administrativo. Pero la movida no es una bala perdida sino parte de una estrategia diseñada por los abogados de APINTA para evitar la creación, tal como determinaron esas resoluciones, de una superestructura de coordinación que tomará funciones asignadas por ley a la Dirección Nacional del INTA, elegida por concurso.

“Este recurso de reconsideración que, por asesoramiento del abogado, estamos presentando ahora en Mesa de Entrada del INTA, es contra las resoluciones que modificaron las estructuras del organismo. Se hace la presentación ante el Consejo Directivo, después va a la Secretaría de Agricultura y, si no hay respuestas, se hace la presentación judicial”, dijo el gremialista, consciente de que recién se inicia un camino que será largo y tedioso.

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Según la presentación, el gremio cuestiona esas dos resoluciones aprobadas a pedido del Ministerio de Economía, puesto que “abusan de poder ya que contrarían normas de jerarquía superior, lo que las torna manifiestamente nulas de nulidad absoluta e insanable”.

Este es el recurso:

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