Educando a Ezequiel Adamovsky: la soja no produjo un desastre sanitario en el campo argentino ni destruyó la calidad de los suelos
El pasado argentino está repleto de miserias. Resulta desalentador que, ante semejante volumen de material disponible, algunas personas encuentren mugre donde no existe suciedad alguna. El ...
El pasado argentino está repleto de miserias. Resulta desalentador que, ante semejante volumen de material disponible, algunas personas encuentren mugre donde no existe suciedad alguna.
El historiador e investigador del Conicet Ezequiel Adamovsky aseguró en redes sociales que la aprobación de la soja transgénica en 1996 “fue una de las medidas más irresponsables para el país que haya tomado un funcionario” (en referencia al secretario de Agricultura Felipe Solá) y que “desde la introducción de la soja transgénica se produjo un desastre sanitario en el campo argentino”.
“Además del problema sanitario, el modelo sojero viene destruyendo la calidad de los suelos, aniquilando las abejas y despoblando el campo, que se convierte cada vez más en un desierto verde sin habitantes. Y a esta altura ni siquiera está claro que sea más rentable”, afirmó.
Son muy tristes tales sentencias porque la explosión de productividad promovida por la soja tolerante a glifosato, junto con avances genéticos –que dieron origen a una compañía transnacional como GDM–, la siembra directa, diseños agronómicos innovadores y la optimización de la fertilización fue lo que permitió, en gran medida, sacar adelante a la Argentina luego de la dramática crisis de 2001/02. Y también fue lo que hizo posible que el Estado nacional cobrara derechos de exportación a las empresas agrícolas para incrementar el tamaño de la burocracia pública hasta niveles estratosféricos.
Lo que realmente promovió el deterioro de los suelos es la voracidad tributaria del Estado argentino, que obligó a muchos agricultores a transformarse en “mineros” de nutrientes para poder sobrevivir a la voracidad fiscal de políticos gastomaníacos.
En 2003 publiqué el libro “Biotecnología: la otra guerra”, cuyo primer capítulo está especialmente dedicado al impacto de la soja transgénica en la economía argentina. En esa investigación queda claro que lo que hizo Solá, lejos de tratarse de una irresponsabilidad, fue una genialidad.
Cuando la soja transgénica desarrollada por Monsanto aterrizó en la Argentina, los empresarios agrícolas se encontraban inmersos en un profundo proceso de cambio tecnológico y la soja tolerante a glifosato fue una herramienta tecnológica más entre muchas otras adoptadas.
Un dato, sin embargo, resultaba llamativo: el ritmo de adopción de ese evento biotecnológico fue más veloz en la Argentina que en EE.UU. La razón detrás de ese fenómeno es que los planteos de soja transgénica en siembra directa generaron una significativa reducción de costos de producción respecto de los sistemas tradicionales en los cuales se empleaban sojas convencionales (sin modificaciones genéticas).
Por ejemplo: en 1994/95 el costo de producción del cultivo de soja no transgénica en un planteo de labranza convencional de la región norte de Buenos Aires era de 182 dólares por hectárea. En 1999/2000 ese costo se había reducido a 117 dólares por hectárea con el uso de soja transgénica. Un salto de competitividad enorme. Al analizar la estructura de costos de esos planteos, podría observarse que en 1994/95 los empresarios debían gastar 78 dólares por hectárea en herbicidas, mientras que en 1999/2000 esa erogación había descendido a sólo 34 dólares por hectárea si se empleaban la soja transgénica.
La impresionante reducción del valor de los herbicidas producida en tan pocos años se debió a un factor tan simple como contundente: el libre juego de la oferta y la demanda. La aparición de la soja transgénica generó una creciente demanda de glifosato y este producto de amplio espectro prácticamente barrió del mercado a los herbicidas selectivos (usualmente utilizados en planteos de soja convencional que, además, eran más tóxicos). Cuando la soja modificada genéticamente ingresó en 1996 al mercado argentino, la patente del glifosato –registrada en los ‘70 por Monsanto– ya había expirado en ese país. Se trataba por lo tanto de un producto genérico que podía ser producido o importado por diversas empresas. Y fue precisamente eso lo que ocurrió: Monsanto se encontró con más de una veintena de competidores y tuvo que librar una guerra de precios que benefició de manera significativa a los empresarios agrícolas argentinos y al país en su conjunto.
Los “farmers” estadounidenses, lamentablemente, no corrieron la misma suerte que sus pares sudamericanos. La patente del glifosato en EE.UU. había sido registrada por Monsanto en 1974 y la misma no tendría que haber estado vigente cuando la soja transgénica apareció en escena. Sin embargo, en EE.UU. Monsanto consiguió extender la patente hasta el año 2000. De esa manera, mientras los productores argentinos pagaban alrededor de 3,70 dólares por litro de glifosato en 1999, en ese mismo año los “farmers” debían desembolsar casi 9 dólares para comprar un litro del herbicida de Monsanto.
Esa ventaja competitiva era tan formidable que, si bien en Brasil no estaba aprobada la soja transgénica, comenzó a ingresar de manera ilegal sin que el gobierno brasileño por entonces tuviese demasiada ganas de investigar el asunto.
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El modelo de la “agricultura de insumos” fue muy exitoso durante un buen tiempo y luego comenzó a generar problemas –como las malezas resistentes– que promovieron una reformulación de los diseños agronómicos hacia modelos productivos que se conocen como “agricultura regenerativa”.
El “desierto verde” que imagina Adamovsky es ahora, en muchas situaciones, campos que promueven la biodiversidad y la intensificación con el propósito de usar herramientas provistas por la propia naturaleza para sostener y en lo posible incrementar la productividad con un enfoque sistémico, que considere no sólo el producto cosechado, sino también los servicios ecosistémicos provistos y el cuidado del patrimonio suelo.
La pregunta de Adamovsky sobre la rentabilidad del modelo de “agricultura de insumos” es muy válida y se la hicieron, por cierto, un grupo de agrónomos, quienes cinco años atrás montaron un ensayo de larga duración en la Chacra Experimental Miramar con la colaboración de INTA y las Facultades de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Mar del Plata y de la Universidad Nacional del Centro.
El ensayo, cuya primera instancia finalizó en el ciclo 2024/25, mostró que en el período de cinco años evaluado tanto la productividad como la renta del modelo “agroecológico” se derrumbó, aunque se trató del sistema con menor impacto ambiental. Si extendiésemos algo semejante a nivel nacional, el precio de los alimentos se tornaría un lujo para ricos y la economía argentina –el agro es el principal proveedor de divisas de la economía– no tendría nada que envidiarle a Haití.
Lo interesante es que el experimento realizado en la Chacra Miramar de la provincia de Buenos Aires muestra que el modelo denominado “sostenible”, que incorpora la aplicación de agroinsumos con criterios propios de la agroecología, combina lo mejor de ambos sistemas, resignando algo de productividad, pero manteniendo el margen y contribuyendo a reducir el impacto ambiental.
La mitad de la población argentina vive en la miseria y todos los esfuerzos de la otra mitad deberían estar dedicados a promover iniciativas que propicien el desarrollo del país, de manera tal de incentivar la creación de oportunidades inclusivas. Poner en duda las bases de uno de los pocos cimientos genuinos sobre los cuales se sustenta la economía del país es una completa tontería.
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