Completamente alineado con la industria semillera, y dando la espalda a la propuesta de los productores, Sturzenegger habla de “una reforma estructural” que permitirá elevar la producción agrícola
A la noticia de que el gobierno puso en marcha este lunes un nuevo sistema de control de las variedades de semillas en los puertos hay que sumar otra noticia: Con esta decisión el mismo Poder Ejec...
A la noticia de que el gobierno puso en marcha este lunes un nuevo sistema de control de las variedades de semillas en los puertos hay que sumar otra noticia: Con esta decisión el mismo Poder Ejecutivo desestimó una propuesta intermedia de las entidades de la producción, que habían presentado un proyecto para actualizar la vieja Ley de Semillas. La gran ganadora parece ser la industria semillera que queda en mejor posición para reclamar el pago de regalías que hasta ahora le es esquivo en los cultivos autógamos, como la soja, el trigo o el algodón.
El gran impulsor de esta reforma es el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien para inclinar la balanza a favor de las grandes semilleras siempre utilizó el argumento de que la falta de reconocimiento de la propiedad intelectual en el sector perjudicaba a toda la Argentina, debido a que la tasa de innovación en nuevas variedades finalmente colocaba al país lejos de los techos de rendimiento que podían lograrse en otros países agrícolas, como Estados Unidos o Brasil.
Con los hechos consumados y la Resolución del Instituto Nacional de Semillas (INASE) que consagra un nuevo sistema de control de las variedades en los puertos y acopios, el funcionario preferido de Javier Milei salió a defender la decisión con el mismo argumento. En las redes sociales dijo que con esta medida “la Argentina salda otra deuda histórica e implementa una gran reforma estructural, lo que nos permitirá llegar a la frontera tecnológicas en producción agrícola”.
Como en cada ocasión que el ministro Sturzenegger plantea este razonamiento, muchos productores le recordaron que si el país no llega a su potencial de rendimiento es mucho más por culpa de la persistencia de las retenciones a los granos que por otros motivos. Pero como siempre, Sturzenegger rehuye el debate y en eso no se mete.
ARGENTINA SALDA OTRA DEUDA HISTÓRICA E IMPLEMENTA UNA GRAN REFORMA ESTRUCTURAL: LA QUE NOS PERMITIRÁ LLEGAR A LA FRONTERA TECNOLÓGICA EN PRODUCCIÓN AGRICOLA. Lo hace la Resolución Conjunta 3/26 de la Secretaría de Agricultura y el Instituto Nacional de Semillas (INASE), con… pic.twitter.com/wuiXfzITLb
— Fede Sturzenegger (@fedesturze) June 8, 2026
En cambio, en su cuenta de X insistió con que hay un problema crucial por el reconocimiento de la propiedad intelectual de los obtentores de nuevas variedades, alineando su discurso (que como el de todo funcionario, debiera ser equilibrado) a los intereses de la industria semillera.
“Vamos a ilustrar de que se trata con un ejemplo que comienza con una pregunta. ¿Por qué una hectárea de algodón en Chaco rinde unos 600 kilos de fibra cuando en Brasil los rindes son de más de 1800 kilos? Porque en Argentina no se respeta el derecho de propiedad de las semillas mientras que en Brasil sí. Entonces hay semillas disponibles en Brasil, que no vienen a la Argentina”, insistió Sturzenegger en sus argumenatciones.
Según el ministro desregulador, “en otras palabras, por no respetar esos derechos de propiedad nos hemos retrasado en la calidad de las semillas que usan nuestros productores. No es solo el algodón, el crecimiento en la productividad de nuestra soja viene siendo la mitad de la velocidad mundial hace décadas. El retraso ocurre también en el trigo, el tabaco y otros cultivos”.
“Se da el absurdo que, siendo líderes mundiales en producción de semillas, nuestras empresas dejan Argentina. Los brasileños terminan usando semillas hechas por empresas argentinas y científicos argentinos que los agricultores argentinos no pueden usar”, enfatizó.
Sturzenegger, en su mensaje, presentó una serie de cuadros que, a su juicio, confirman el razonamiento y eximen de culpa de este retraso relativo a la falta de rentabilidad que se produce en el sector agrícola por la constante extracción de recursos que hicieron los sucesivos gobiernos (y también éste, que había prometido eliminarlas desde el día uno) de las retenciones. En rigor, el estado ya quitó por ese mecanismo más de 200 mil millones de dólares que eran de los productores desde que reimplantó el tributo en 2002.
“Los gráficos que adjunto muestran ese atraso tomando como referencia UPOV 91, que fue un marco en el cual se reforzaron los derechos de propiedad en semillas a nivel mundial (igual esta resolución no tiene relación alguna con UPOV)”, aclaró el ministro libertario, dando a entender que todavía falta la adhesión de la Argentina a ese convenio multilateral, que es algo se se viene proponiendo sin éxito desde la Ley Bases. Argentina está adherida al convenio previo, el UPOV 78, y el gobierno ya se comprometió (incluso incluyendo un punto en el acuerdo bilateral con Estados Unidos) a enviar un proyecto para cambiar de protocolo al Congreso Nacional.
Desconociendo que allí se esconde una segunda gran falacia de su discurso, porque los países del Mercosur (especialmente Brasil) con los que compara los rindes Sturzenegger no han adherido a UPOV 91 sino que se mantienen en el convenio de 1978, como la Argentina, el ministro hizo de “maestro ciruela” para explicar a la población su gran reforma estructural en el negocio de la semilla.
“Una clarificación técnica, para el que no conoce el tema. Las semillas se dividen en dos tipos: híbridas y autógamas. Las semillas híbridas tienen la característica que no se pueden volver a sembrar, lo cual obliga al productor a comprar una semilla nueva en cada campaña. El maíz es híbrido, y si se fijan en el gráfico que adjunto, por este motivo nuestra productividad en maíz viene creciendo al ritmo internacional”, comenzó la clase.
Y completó: “Las autógamas son las especies para las cuales no hay híbridos y por ende si no hay un sistema de protección de la propiedad intelectual, son pasibles de ser reproducidas y revendidas sin control. Que es lo mismo que decir que si no existe esa protección no se venderán. Es el resto de los cultivos en los otros gráficos donde se ve claramente como nos hemos retrasado. (Brasil el año pasado registró 330 variedades de soja y acá solo 23)”.
Según Sturzenegger, que de este modo se convirtió en el mejor lobbista de las grandes semilleras, “hace años que Argentina da vueltas a este problema de mejorar su pool de semillas sin poder encontrar la forma”.
Aunque luego reconoce que el problema no era la legislación vigente ni la no adhesión a la UPOV 91, como él mismo argumenta, sino la falta de voluntad del propio Estado que él conduce para realizar controles efectivos.
“La Ley de Semillas 20.247 no es un obstáculo, porque establece el derecho de propiedad de manera clarísima. El tema es que el INASE no tenía capacidad (ni voluntad) de fiscalizar. Además, como ocurre siempre, el Estado, en este caso el INASE, sobrecargaba a la cadena formal de semillas con un montón de controles y sobrecostos, mientras el segmento ilegal (que lleva el nombre de bolsa blanca) se mataba de risa”, indicó Sturzenegger.
Vale decir que a mitad del año pasado el propio ministro impulsó un decreto que reducía la jerarquía del Instituto de Semillas, junto con la degradación del INTA, el INTI y otros organismos dependientes de Economía. Ese decreto fue rechazado por el Congreso, pero una vez más tuvo efectos penosos sobre la estructura de ese organismo fiscalizador, que estuvo prácticamente detenido por seis meses.
Sturzenegger explicó por qué avanzo con la medida de controles directos en los puertos a pesar de la resistencia de las entidades de la Mesa de Enlace, más AACREA y AAPRESID, que formularon una prouesta de reforma de la Ley de Semillas que evidentemente ha sido rechazada.
“Resultaba difícil tener una conversación adulta con las partes involucradas. Las entidades rurales estaban focalizadas en el tema retenciones (que políticamente saben que les rinde con sus bases) y pareciera que no estaban dispuestas a hablar de otra cosa que no sea eso –aun cuando lo que se discutiera fuera algo que aumentara la producción 20, 50 o 100%-“, se explayó el ministro.
Para sacarse el sayo de lobbista, cosa de todos modos muy difícil, Sturzenegger también metió en el embrollo a los propios obtentores. “Los semilleros, a su vez, no querían ninguna acción que no fuera el reconocimiento pleno de la propiedad intelectual de todas las semillas. En esa conversación tuvimos una parálisis de 30 años”, acusó.
“El presidente Javier Milei nos pidió resolver esto de manera inmediata, pero con una condición adicional: no quería que ningún productor se viera perjudicado. Es decir, que el desafío era, permitir y proteger el derecho de propiedad de la comercialización de las semillas de mejor calidad, al mismo tiempo de no lesionar en nada la ecuación económica de ningún productor”, indicó el alto funcionario a continuación.
Difícilmente suceda que los productores no se vean perjudicados en el nuevo escenario, porque lo más probable es que se le descuenten de los precios los mayores costos de los análisis adicionales que se deberán hacer a las semillas, para reconocer cada variedad. Estos, según la nueva resolución, deberán haerse en el primer punto de venta, es decir en acopios, cooperativas o directamente en los puertos.
La solución tecnológica que encontró Sturzenegger para llevar a cabo esos controles son análisis genéticos o por imágenes. “Hoy todas las entregas de semillas se revisan, porque hoy el testeo es con un scanner e inteligencia artificial. Con un costo casi ínfimo se puede saber la genética de la semilla que se entrega con un alto grado de precisión”, detalló. La fórmula se utiliza en algunos casos, como el reconocimiento de las variedades de cebada en las malterías, el sistema Bolsatech para detectar la soja Intacta, o los controles de la propia agroexportación para evitar embarques que contengan el evento HB4 de Bioceres en el trigo.
Lo que plantea Sturzenegger como una solución es generalizar ese tipo de test. De este modo, el INASE recibiría los informes de cada lote y haría casi de “buchón” de la industria semillera, a la que le informaría si tal productor sembró tal variedad. Luego, en caso de que cada semillera detecte que ese productor no pagó las regalías (o se excedió en el uso propio consentido por la ley), la empresa semillera podrá intimar al pago correspondiente.
En definitiva, el propio Sturzenegger explicó la solución que lleva su firma: “Primero, pasarle el control al sector privado que ya lo hace, que sabe cómo hacerlo y que lo hace eficientemente. Se firma un convenio con INASE para garantizar un protocolo para la toma de la muestra y la conservación de las contramuestras. Cuando surge un cargamento donde no se pagó la propiedad intelectual los privados se tienen que arreglar entre ellos (esto es, el dueño de la semilla y el productor que trae el grano)”.
Y añadió: “Solo si no hay acuerdo pueden ir al INASE que actúa como tribunal de alzada. En principio, dicho sea de paso, no debería llegar nada al INASE”.
Antes el Instituto aplicaba multas y sanciones a los infractores. Ahora su rol será de árbitro frente a los supuestos incumplimientos que se detecten.
Sturzenegger aclaró que “este sistema se implementa, pero solo para las semillas que se registran de acá en más”. Es en los hechos lo que está haciendo la propia industria semillera agrupada en un programa privado llamado “Sembrá Evolución”, donde se lanzan las nuevas tecnologías disponibles y se asegura el pago de regalías por la siembra de las mismas.
Sturzenegger, finalmente, llevó calma a los que no quieran sumarse al nuevo esquema (lo cual es difícil porque los análisis en puerto serán compulsivos).
Volviendo al caso del algodón en el Chaco, razonó: “Si un productor quiere seguir produciendo 650 kilos por hectárea puede hacerlo igual que hoy. No pasa nada y sigue igual. Pero con el nuevo esquema el que tiene para ofrecer una semilla que produce 1800 kilos tiene la tranquilidad que, si la vende, va a poder proteger su propiedad intelectual. La comprará un productor si le conviene. De esta manera defendemos el derecho del productor a comprar esa semilla de mayor calidad y que hoy no podía porque nadie se la ofrecía”, indicó.
“¿Quiere decir que el año que viene la cosecha de algodón del Chaco se va a duplicar o triplicar? No necesariamente. Ahora necesitamos que el sector privado recoja el guante. Que se firmen los convenios para el protocolo con el INASE. El INASE también debe terminar de establecer los protocolos para las muestras de cada cultivo. En algodón ni siquiera está hecho (sí lo está en soja, sorgo y otros productos)”, amplio el ministro.
Que se repreguntó solito (a falta de la posibilidad concreta de que los periodistas le hagan preguntas): “Pero este cambio ¿permitiría que dupliquemos la producción de algodón en Chaco en un par de años? La respuesta en un contundente sí. Nuestras estimaciones indican que, simplemente, por acercarnos a la frontera -tenemos 30 años de atraso tecnológico por recuperar-, aumentaremos las exportaciones agrícolas, de mínima, en unos 4.000 millones de dólares anuales”.
“La verdad, es que no sabemos cuánto es la ganancia potencial, pero sí sabemos que, en un mundo con tanto cambio tecnológico, lo único que no podemos hacer es quedarnos atrás. Además, nuestras empresas en este sector son las mejores del mundo, las necesitamos acá por encima de todas las cosas. No que se vayan a otro país. En fin, otra gran reforma estructural que avanza”, cerró el ministro antes de lanzar una gran lista de agradecimientos a los funcionarios que lo apoyaron en este proceso.
Ahora habrá que espera un par de años para ver si Sturzenegger tenía razón, o por el contrario -como dicen muchos productores- la queda del agro argentino tiene más que ver con la elevada presión fiscal que con otra cosa.
